En este informe, presentado de conformidad con la resolución 35/11 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la independencia de los magistradosy abogados se centra en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica por los jueces y fiscales, tanto fuera como dentro de Internet. Los jueces y fiscales, si bien disfrutan de los derechos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos de derechos humanos, en su calidad de funcionarios públicos tienen deberes y responsabilidades especiales que justifican el establecimiento de determinadas restricciones a sus libertades fundamentales. Lo esencial es lograr un equilibrio adecuado entre los derechos de los jueces y fiscales y el interés legítimo de las autoridades nacionales en proteger la independencia, la imparcialidad y la autoridad de sus instituciones.
A lo largo del informe, el Relator Especial documenta diversas formas de injerencia en el ejercicio de las libertades fundamentales por los jueces y fiscales. No todas las medidas disciplinarias adoptadas en esos casos contra los jueces y fiscales pueden considerarse necesarias en una sociedad democrática para mantener la confianza pública en la judicatura o en el ministerio público.