La corrupción tiene un impacto directo sobre la vigencia de los derechos humanos. Primero, porque priva a las sociedades de recursos importantes que podrían servir para atender necesidades básicas en materia de salud pública, educación, infraestructura o seguridad. Segundo, porque tiene consecuencias negativas directas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, en general, y sobre aquellos órganos encargados de asegurar el estado de derecho y la administración de justicia, en particular.
En su primer informe para el Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial destacó que la corrupción y la delincuencia organizada dañan el estado de derecho y la capacidad que tienen los Estados para promover sistemas de gobierno que respeten los estándares de derechos humanos y sean compatibles con ellos. La corrupción debilita, además, la capacidad del poder judicial de garantizar la protección de los derechos humanos e impide –directa o indirectamente– que jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del ámbito jurídico realicen sus labores y deberes profesionales. Además, la corrupción tiene un efecto devastador sobre el sistema judicial completo, ya que reduce la confianza pública en la administración de la justicia.