La independencia judicial está bajo ataque en diferentes regiones del mundo. Ya no sólo con dictaduras/autocracias sino también en países que se supone democráticos. La separación de poderes, característica esencial de cualquier sistema democrático y del Estado de Derecho, está bajo acoso en países como Polonia, Filipinas, Honduras o Kenia, recientes ejemplos en los que para ser juez hay que tener coraje.
Jueces y fiscales en diferentes partes del mundo y sistemas legales comparten una misma preocupación y una misma lucha por la defensa de su independencia frente al poder político y otras formas de poder fáctico. En mi función actual como Relator Especial de la ONU en materia de independencia judicial, he tenido que dedicar crecientes esfuerzos a ello en el año que está culminando. Mis informes periódicos ante la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recogen parte de ese trabajo.
Hay un proceso institucional, en paralelo y de creación relativamente reciente, que promete ser fundamental: la Red Mundial de Integridad Judicial, una iniciativa útil y necesaria que nació hace menos de dos años, a la que sirvo como uno de los miembros de su Consejo Asesor. Consiste en una red de jueces, creada por jueces y para los jueces, en torno a los principales desafíos contemporáneos de los sistemas judiciales.
Su impulso y secretariado está en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Viena) y se lanzó oficialmente el 2018. Actualmente vincula a más de 2.865 jueces, busca reforzar la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la ética judicial, evaluación de los riesgos para la integridad en el sistema judicial y el desarrollo de respuestas efectivas. En un tiempo tan corto de vida, la Red está presente en los cinco continentes y cuenta con casi 50 países piloto que se han comprometido a la implementación de las herramientas de formación en ética judicial para la promoción de la integridad judicial.
Uno de los temas que he venido abordando como Relator es el de la libertad de expresión por los jueces y, dentro de ello, el uso de las redes sociales. Instagram, Twitter o YouTube, ya son una realidad inexorable en la vida de los jueces y del sistema judicial trayendo consigo riesgos y oportunidades para el ejercicio de la función judicial. Este asunto está expresado en informes como el que presenté este año a la ONU o en el dictamen de la Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España emitido recientemente a raíz de una consulta acerca de cómo los jueces debían utilizar las redes sociales de una forma ética.
La Red está abordando este asunto con una guía orientadora, elaborada por jueces, para el uso de las redes sociales. Con el apoyo de la Red Mundial con la guía se busca aconsejar a los jueces sobre cómo interactuar con el mundo virtual sin riesgo para la integridad e independencia judicial. Será presentada para su discusión y aprobación en la Reunión de Alto Nivel que celebrará la Red el próximo mes de febrero en Doha, Qatar.
Estos y otros asuntos seguirán siendo abordados por esta Red en el futuro. En mi papel simultáneo de Relator Especial y miembro del Consejo Asesor de la Red, no me queda sino invitar a los jueces a que se unan a esta iniciativa para que trabajemos juntos en encontrar soluciones a los desafíos contemporáneos a la independencia o integridad judicial.