En este informe, presentado en atención a la resolución 35/11del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados presta especial atención a la función esencial que han desempeñado los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura a título de garantes de la independencia judicial, así como a la situación en cuanto a las amenazas y los desafíos que se ciernen sobre la independencia de jueces y abogados y el sistema judicial en su conjunto, incluidos los fiscales, en el actual contexto mundial.

El Relator Especial pone de relieve en su informe que, habiendo transcurrido 34 años desde la aprobación de los Principios Básicos en 1985, es necesario avanzar más para hacer frente a los problemas contemporáneos. En este contexto surgen dos temas como clara prioridad; en primer lugar, la amenaza que significa la corrupción mundial y transnacional y sus efectos en la sociedad y las instituciones, con inclusión del poder judicial en su conjunto, teniendo en cuenta la función fundamental que cabe a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a este respecto y, en segundo lugar, la incorporación en los Principios Básicos de los principios establecidos en los Principios de Bangalore de Conducta Judicial, que no se encuentran en el texto aprobado en 1985, prestando especial atención al principio de la integridad.

El Relator Especial formula algunas recomendaciones con el objeto de promover el comienzo de un proceso de análisis y debate a fin de ampliar los Principios Básicos de manera que sirvan de instrumento para hacer frente a alguno de los cambios que han tenido lugar desde su aprobación