La Relatoría Especial ha observado que las amenazas a la independencia judicial no solo proceden de los poderes ejecutivo y legislativo, sino también de la delincuencia organizada, el sector empresarial, las grandes empresas y las multinacionales (véase E/CN.4/1996/37, párr. 246). El actual titular de mandato observa en particular que la delincuencia organizada y la corrupción están afectando cada vez más la capacidad de muchos Estados y poderes judiciales para cumplir sus funciones. Las manifestaciones de este fenómeno creciente y las recomendaciones para afrontarlo serán objeto de particular atención en los próximos informes.
Un importante motivo de inquietud para el Relator Especial es la presión y la acción directa ejercidas por la delincuencia organizada contra el poder judicial para influir en las decisiones de los jueces, abogados y fiscales. La falta de confianza en el poder judicial es extremadamente nociva para la democracia y el desarrollo y alienta la perpetuación de la corrupción.