Presentación ante el Consejo de Derechos Humanos
Señora Presidenta,
Distinguidas delegaciones,
Señoras y Señores,
Es para mí un honor estar nuevamente ante ustedes para dirigirme al Consejo como Relator Especial. Compartiré con ustedes las principales conclusiones de mi informe general que ustedes ya tienen por escrito. También algunas conclusiones sobre las misiones que llevé a cabo el 2019 en Honduras y Uzbekistán.
Señora presidenta, distinguidas delegaciones,
Es indispensable hacer referencia a la pandemia global del COVID-19 y su impacto sobre los sistemas de justicia. Ésta ha puesto al descubierto problemas estructurales que han acentuado las dificultades de acceso a la justicia, en particular por los más pobres, las comunidades y grupos marginados o discriminados, las mujeres víctimas de violencia y las personas en prisión. Emití al respecto una Declaración en abril en la que recomendaba siete acciones.
También he expresado mi preocupación por los intentos de algunas autoridades políticas de valerse de la crisis para concentrar poder y prescindir de decisiones de la justicia y, especialmente, de las altas cortes como garantes de derechos fundamentales.
Sin embargo, he percibido con esperanza cómo jueces y fiscales, en diversas partes del mundo, afirman sus funciones, perseveran en sus responsabilidades y se van adaptando a los cambios tecnológicos para poder seguir funcionando como contrapeso efectivo de los otros poderes públicos.
Distinguidas delegaciones,
He venido insistiendo desde mi primer informe que, para afirmar la independencia judicial, además de enfrentar posibles injerencias del poder político, debe ponerse especial atención en la amenaza de la creciente corrupción, fenómeno global que se procura impunidad. Pese a que no se menciona la amenaza de la corrupción en los Principios Básicos sobre independencia judicial establecidos hace 35 años, esos siguen siendo una herramienta fundamental.
Vengo insistiendo, sin embargo, que es indispensable reforzar las herramientas para la protección de la independencia judicial. El marco de análisis y de acción requiere, así, de la interacción de esos Principios Básicos con dos instrumentos fundamentales adoptados en este siglo: la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial, adoptados el 2006 por el ECOSOC, de los que se ha derivado la activa Red Mundial de Integridad Judicial en la que he sido invitado a integrar su Junta Asesora en impulso proveniente del UNODC desde Viena.
Distinguidas delegaciones,
El informe que hoy presento se enfoca en fiscales, procuradores u otras denominaciones, según el derecho nacional de cada país, sus responsabilidades para combatir la corrupción y el deber de los Estados de garantizar su actuación independiente. Para esto, a los tres instrumentos jurídicos mencionados, hay que añadir, las Directrices sobre la función de los fiscales adoptada en Naciones Unidas en 1990.
Desde esta tribuna quiero agradecer de manera especial la respuesta oportuna y el compromiso de los Estados miembros y sus Fiscalías, asociaciones de fiscales, organizaciones de la sociedad civil, así como de prestigiosos integrantes de la academia, al llamado para contribuir activamente con las valiosas reflexiones que me fueron transmitidas.
Asimismo, fueron cruciales los trabajos efectuados en diversos encuentros con expertos promovidos desde esta Relatoría. Entre otros, uno celebrado en Nueva York el 2019 incluyendo al actual presidente de la Asociación Internacional de Fiscales y a fiscales de todas las regiones del mundo en el marco del “Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible”.
Distinguidos delegados y delegadas,
Para garantizarles a las fiscalías independencia del poder político o de cualquier expresión de poder fáctico hay tres aspectos fundamentales que aquí quiero destacar.
Primero, fiscales independientes y con integridad son insustituíbles para enfrentar a la corrupción: altos estándares de conducta, neutralidad, equidad y profesionalismo. Para ello, son necesarios procesos de selección y designación basados en méritos, idoneidad y transparencia.
Segundo, la cooperación internacional contra la corrupción, obligación medular de la Convención. Exige una justicia independiente. Para una cooperación internacional eficaz, no puede existir ningún género de duda sobre los motivos por los cuales se solicita esa cooperación.
Tercero, por las repercusiones de la corrupción en la sociedad, atención especial corresponde a las víctimas de la corrupción y a los defensores de derechos humanos. Las víctimas deben ser escuchadas, tener derecho a participar en los procesos y ser destinatarias de medidas apropiadas de reparación. Los defensores de derechos humanos, por su lado, tienden a ser piezas claves en el impulso a investigaciones sobre corrupción. Deben considerarse, pues, medidas de protección.
En el informe se destacan algunas líneas prioritarias de acción para mejorar la cooperación internacional prevista en la Convención. Por ejemplo, los tiempos de los trámites; facilidades para practicar diligencias en el exterior; más eficiente y ágil coordinación entre Estados miembros; investigaciones conjuntas y lineamientos comunes para identificar el material probatorio. A ellas me refiero en más detalle en el informe que ustedes tienen disponible.
Distinguidas delegaciones,
Finalmente, las misiones a Honduras y Uzbekistán. Tenía previsto atender este año dos invitaciones, que agradezco, cursadas en meses pasados por los gobiernos de Albania y Líbano. Las visitas han tenido que ser pospuestas por las restricciones que actualmente impone la pandemia. Espero se puedan calendarizar pronto.
En las visitas a Honduras y Uzbekistán tuve la oportunidad de reunirme con altas autoridades, así como con jueces, fiscales, miembros de la profesión jurídica y representantes de la sociedad civil. Agradezco a las autoridades de ambos países por su invitación y por su cooperación abierta y franca, antes, durante y después de la visita.
La misión a Honduras fue del 16 al 22 de agosto del 2019.
Honduras realizó enormes esfuerzos en los últimos años para abordar problemas estructurales que le continúan afectando. La corrupción y el crimen organizado siguen siendo dos problemas serios. Pude constatar esfuerzos institucionales que se han traducido en algunos avances para hacerles frente pero, a la vez, preocupantes trabas que acaban impidiendo la sanción penal a quienes han delinquido.
Destaca, en lo positivo, la creación el 2017 de juzgados y tribunales para delitos de corrupción así como la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). Estos pasos se dieron con la activa contribución de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, el balance de los casos investigados es negativo cuando llegaron a la Corte Suprema. En ninguno de ellos los procesos ha prosperado, tanto por responsabilidad de la propia Corte como por la injerencia del Congreso.
Lamentable fue la decisión del gobierno del 19 de enero de este año de terminar el mandato de la MACCIH, junto con la decisión de suspender esta Unidad de la Fiscalía. Ello puede tener un impacto adverso en el enfrentamiento a la corrupción y el crimen organizado. En su momento, expresé públicamente mi preocupación al respecto.
Los procedimientos actuales para la selección y nombramiento de actores clave en el sistema de justicia no brindan garantías suficientes. Se requiere elaborar y aplicar criterios objetivos para la designación, nombramiento, traslado y ascenso de los jueces y magistrados en todos los niveles.
El marco institucional sobre lo judicial presenta serias lagunas. La temprana disolución del Consejo de la Judicatura ha privado al sistema de una institución que debería servido para salvaguardar la independencia judicial. No se debe seguir difiriendo la adopción de la nueva ley sobre el Consejo de la Judicatura.
La misión a Uzbekistán fue del 19 al 25 de setiembre de 2019 atendiendo la invitación del gobierno para evaluar las medidas adoptadas por el Estado para proteger y promover la independencia judicial.
Uzbekistán ha progresado en el fortalecimiento de la independencia y el libre ejercicio de la profesión jurídica. La creación del Consejo Supremo Judicial, la reorganización del sistema judicial, los nuevos procedimientos para la selección y el nombramiento de candidatos a cargos judiciales y diversas medidas para mejorar la capacitación judicial y la estabilidad en la función, son positivos.
Sin embargo, queda mucho por hacer para garantizar que el sistema judicial sea verdaderamente independiente. Las autoridades gubernamentales conservan funciones importantes en la organización y funcionamiento del sistema judicial. Los poderes extremadamente amplios de los presidentes de los tribunales en la selección, promoción, evaluación y disciplina de los jueces, limitan severamente la independencia interna.
Los fiscales, por su lado, siguen teniendo un peso desmedido en las decisiones de los jueces. Se viene dando desde tiempo reciente, sin embargo, un aumento gradual de absoluciones decretadas por los jueces penales cambiando, así, el previo patrón de sujeción total a dictámenes de fiscales usualmente alimentados por un todopoderoso servicio de seguridad.
Animo a las autoridades a continuar la reforma del sistema judicial, con el fin de garantizar que la justicia sea realmente independiente y que jueces, fiscales y abogados sean libres de llevar a cabo sus actividades profesionales sin interferencia o presión.
Distinguidas delegaciones,
No quiero culminar mi presentación sin mencionar dos asuntos.
Primero, mi condena y pesar por el asesinato en semanas recientes de dos jueces latinoamericanos: Uriel Villegas en México y Diane Mereles en Paraguay. Hechos así relievan la urgencia de medidas preventivas adecuadas para proteger la integridad de jueces y juezas.
Segundo, un reconocimiento al papel de asociaciones de jueces, fiscales y abogados que en diferentes lugares bregan por la independencia judicial. Particular mención merece la movilización en enero de este año en Varsovia por la independencia de la justicia en Polonia impulsada por jueces de catorce países europeos y por importantes organizaciones como la Asociación Europea de Jueces.
Distinguidas delegaciones,
Termino renovando mi reconocimiento a los Estados aquí representados por la colaboración prestada y alentarles a que lo continúen haciendo.
Espero con interés el diálogo interactivo y vuestros comentarios o preguntas.
Muchas gracias por su atención.