Relator Especial de las Naciones Unidas

Los fiscales desempeñan un papel clave en el sistema de justicia penal y se encuentran entre sus funcionarios más poderosos: determinan si desviar un caso, qué delitos acusar, a quién acusar y enjuiciar, si solicitar la detención preventiva y si negociar y ofrecer concesiones para obtener una condena sin un juicio impugnado. A pesar de su papel destacado en el sistema legal, se ha prestado muy poca atención a la necesidad de garantizar la independencia de los servicios de la fiscalía, en particular los fiscales principales. Sin embargo, un sistema legal basado en el respeto del estado de derecho requiere no solo jueces independientes, sino también fiscales profesionales, independientes e imparciales, dispuestos a abrir una investigación, presentar cargos penales y enjuiciar a sospechosos. La independencia de los fiscales significa que están libres de interferencia ilegal en el ejercicio de sus funciones.

Bajo influencia indebida, un fiscal puede decidir enjuiciar un caso donde no hay pruebas suficientes o sobre la base de pruebas obtenidas de manera incorrecta. La influencia indebida también puede llevar a un fiscal a decidir no procesar un caso que debe ser procesado. Estas decisiones ponen en peligro la equidad y la credibilidad de la administración de justicia y, en consecuencia, socavan el estado de derecho. La independencia de los fiscales tiene una dimensión interna y externa. Los fiscales deben estar protegidos de la interferencia política: su independencia ayuda a garantizar que los gobiernos, las administraciones públicas y las personas sean responsables de sus acciones. Pero también deben estar protegidos de las prácticas corruptas por el crimen organizado u otros actores.