GINEBRA (5 de noviembre de 2018) – Paraguay debe retirar los cargos contra tres jueces que conformaron la Corte Suprema de Justicia. Dichos cargos se motivan en la decisión de absolución y liberación de 11 campesinos que habían sido condenados por la muerte de varios agentes de la policía durante el desalojo de sus tierras, conocido como la “Masacre de Curuguaty” del 2012, dijo un experto de las Naciones Unidas.

El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, expresó que este caso, iniciado en agosto de este año contra los tres magistrados, Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón Fernández, estaría afectando normas de derecho interno y principios esenciales de separación de poderes e independencia judicial. “Estos son elementos fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos,” añadió el relator.

“Es obligación del Estado velar que los magistrados puedan tomar decisiones bajo su discreción, basada en su interpretación de los hechos, como está estipulado en los Principios Básicos sobre la Independencia de la judicatura. Conjuntamente, el gobierno de Paraguay tiene que desarrollar medidas adecuadas para que no se efectúe ninguna intromisión indebida o injustificada en el proceso judicial”

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