INFORME SOBRE LAS AMENAZAS A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LA
REGIÓN DE LATINOAMÉRICA
OCTUBRE 2019
Al Señor
Diego García-Sayán
Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
Debo señalar que directamente no he recibido ninguna denuncia de amenaza o atentado a la Independencia Judicial. Sin embargo, en calidad de Miembro de la Grupo Iberoamericano de Magistrados de la Unión Internacional de Magistrados – International Association of Judges (UIM- IAJ) y como Vocal de la Directiva de la Federación Latino Americana de Magistrados (FLAM) he tomado noticias de las siguientes situaciones que afectarían la Independencia judicial en la región:
ARGENTINA
En el mes de octubre de 2019 la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional a través de Marcelo Gallo Tagle y Enrique Comellas, presidente y secretario general de la asociación expresaron su profunda preocupación respecto de operaciones de espionaje ilegal de la cual habrían resultado víctimas 21 jueces y reclamó que se investigue hasta llegar a los responsables.
Los expedientes están en manos de los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral y María Servini e involucra, por el momento, a 21 magistrados, que van desde integrantes de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, hasta la mitad de los jueces de Comodoro P y, pasando por jueces de la Cámara de Casación, la Cámara Federal y distintos tribunales orales. Bajo la instrucción del fiscal Ramiro González, se investiga el ingreso a los registros de la Dirección Nacional de Migraciones para conocer los movimientos de los magistrados. Según consta en la causa, esta operación fue realizada por parte de distintos organismos públicos como la AFIP, la UIF, el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería, entre otros.
CHILE
EL 24 DE Septiembre de 2019, en Washington, la Asociación Nacional de Magistrados de Chile (ANM) presentó denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por estimar que la exclusión del reajuste al sector público de la que fuera objeto en 2016 constituye un mecanismo de control que atenta contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de una discriminación arbitraria en perjuicio del rol de afectados y afectadas.
La acción fue presentada en la sede de la Comisión por la Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro Fuenzalida, y su par de los Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe Hernández, los gremios de jueces y de fiscales decidieron recurrir al Sistema Interamericano de DDHH luego de agotar todas las acciones y recursos ante la justicia ordinaria del país, que intentaron revertir un congelamiento de las remuneraciones que les significó quedar fuera de cualquier ajuste de corrección de sus rentas por la natural alza del costo de la vida el año 2016, materia que, de acuerdo con la legislación chilena, se incluye en la discusión de la ley de presupuesto de la Nación en noviembre de cada año.
Para ambas asociaciones, si bien el congelamiento no fue permanente, resulta peligroso que no existan parámetros objetivos para la fijación y exclusión de tales reajustes, como que estén sujetos a la contingencia política, por lo que estiman relevante una decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en orden a detener este tipo de conductas como claros indicios de debilitamiento de las garantías para los justiciables.
COLOMBIA
En Octubre de 2019, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (CORJUSTICIA) ha denunciado que se ha introducido en la Ley de Financiamiento la derogación de exención Tributaria que favorecía a los jueces y magistrados de ese país.
ECUADOR
La asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ), en Octubre de 2019, presentó demanda (la que se admitió a tramitación) ante la Corte Constitucional de Ecuador solicitando la declaración de inconstitucionalidad de las Resoluciones y Reglamentos que sustentan el proceso de Evaluación de los Jueces de la Corte Nacional de Ecuador . Y que como se ha informado anteriormente el proceso fue iniciado por el Consejo de la Judicatura de Ecuador.
ESPAÑA
En octubre de 2019 la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y las otras tres asociaciones judiciales de España han reaccionado a la sentencia del “procés” dictada por el Tribunal Supremo. Todas piden respeto a la decisión de los magistrados y su acatamiento.
Así mismo, la Asociación Profesional de la Magistratura manifestó su solidaridad y el apoyo de la independencia judicial, el rigor y el respeto absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español. Apoyo y reconocimiento que hizo extensivo a los miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra, por su trabajo y esfuerzo en defensa de la legalidad y la convivencia pacífica.
PARAGUAY
LA Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay ha recibido por la FLAM (Federación Latinoamericana de Magistrados) senda declaración en apoyo a los magistrados judiciales de la República del Paraguay, específicamente de la circunscripción judicial de Alto Paraná, quienes ha sido sistemáticamente violentados en su persona, su propiedad y su reputación como jueces, en virtud del contenido de sus fallos. Así también para denunciar la falta de reacción de las autoridades ante esos ataques, de manera de asegurar la defensa de los derechos de los jueces a ejercer con independencia su función jurisdiccional. También denuncia el sistemático enjuiciamiento con suspensión, así como la remoción de jueces de la circunscripción judicial de Alto Paraná por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por cuestionamiento al sentido de sus fallos.
Así mismo en la mencionada declaración FLAM exhorta a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, y Judicial de la República del Paraguay a disponer los medios adecuados para brindar seguridad a los jueces y sus familias; prever, en carácter urgente, el estudio de una ley de la carrera judicial; y tomar acciones concretas para asegurar a las jueces el respeto de sus derechos individuales como personas y con mayor razón preverles “garantías reforzadas” en su carácter de custodios de los derechos y las libertades de las personas, que son esenciales para el ejercicio de la función judicial en el marco de una real y efectiva independencia del Poder Judicial, herramienta insustituible para la consecución de verdaderos Estados Democráticos de Derecho en la región.
PUERTO RICO
La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura ha solicitado exhortar a la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, considerar el cese de las actuaciones en contra de la Independencia Judicial, bajo los parámetros de una Ley del Gobierno de los Estados Unidos de América, sin la intervención de los puertorriqueños, al pretender reducir la pensión de los jueces en más de 25%.
A su entera disposición y atento a sus observaciones o consultas.