Controlar la justicia es una de las herramientas esenciales de todo proyecto autoritario. Primero, para evitar que ella controle al poder político (y sus tentaciones o prácticas corruptas). Segundo, para instrumentalizar a los jueces y fiscales en sus propósitos políticos.
De eso se ha visto, antes y ahora, muchos ejemplos a lo largo de la historia: la separación de poderes y la independencia de la justicia como espacio democrático fundamental a avasallar. Así ocurrió en el Perú cuando el fujimorismo sometió a la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, y ocurre hoy en países de Europa del Este donde los autoritarios empiezan neutralizando a los tribunales constitucionales.
Como lo ha destacado en una comunicación reciente el grupo Bloque Constitucional de Venezuela, la falta de independencia de jueces y fiscales frente al poder político es un componente clave en el proceso autoritario que allá se sufre. En el proceso democratizador, como es evidente, contar con una justicia independiente tendrá que ser central para poder hablar de “democracia” en el país. Dos perlas; a modo de ejemplo.