El Fiscal de la Nación en Perú, por ejemplo, ha sido sindicado por una fiscal, desde agosto del año pasado, como integrante de una organización criminal en el puerto del Callao. Como cabeza del ministerio, a su vez, ha dado señales repetidas de trabas y bloqueos a las investigaciones sobre el caso Odebrecht/Lava Jato. Siendo cabeza de la institución encargada de la investigación y persecución del delito, era muy grave que haya seguido en su puesto; la presión ciudadana lo forzó a renunciar esta semana. Pudo haber actuado el Congreso, pero prevaleció la inacción de una mayoría parlamentaria poco entusiasta con que se vaya al fondo en esas investigaciones.
En Colombia, por su lado, se ha conocido que el Fiscal General, en su previa condición de abogado privado, habría estado informado de operaciones oscuras de Odebrecht y no habría actuado. No digo que allí haya responsabilidad penal, pero hechos así generan lógica preocupación en la sociedad por las responsabilidades de la fiscalía en la investigación de actos delictivos atribuidos a esa empresa.
La penetración de organizaciones criminales en el sistema de justicia es una grave amenaza. No son simples los medios con que cuenta el Estado para actuar ante hechos criminales que podrían estar ocurriendo en otras instituciones públicas. Pero si se trata de altas autoridades como fiscales generales el asunto es más complejo. Abre zonas grises: legítima acción pública para investigar versus intervención en instituciones a investigar cuya independencia se debe preservar.